AC3777-2017
Radicación n° 11001-0203-000-2016-03519-00
Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (2017).
Se decide la petición de cambio de radicación formulada por el apoderado del demandante en el proceso ordinario de pertenencia de Palmenio Aguilar Jiménez contra los herederos de Nepomuceno Morales Díaz y Luis Guillermo Díaz y personas indeterminadas, rad. 2010-00674, conocido en las respectivas instancias por el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad.
1. El promotor eleva la solicitud prevista en el numeral 8º del artículo 30 del Código General del Proceso, a raíz de la “presunta” trasgresión de los principios de “imparcialidad y la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales y la seguridad de los intervinientes” por parte del Magistrado que conoce el asunto en segunda instancia.
2. En lo fundamental, aduce que
2.1. Habiendo dictado el a-quo sentencia estimatoria de sus pretensiones el 15 de junio de 2016, su contraparte interpuso apelación, que al no sustentarse el Tribunal la declaró desierta, ordenando devolver el expediente.
2.2. Transcurridos unos quince días y no habiendo rastro de la fundamentación de la apelación, tan pronto quedó en firme el fallo el demandante procedió a la protocolización y registro del fallo.
2.3. El 21 de octubre siguiente, cuando el actor acudió por copia de lo resuelto, se encontró con la sorpresa de que ese día la secretaría del Juzgado había enviado el proceso al superior, argumentando que se halló un memorial con los fundamentos de la alzada.
2.4. “Como cosa rara”, el 24 de ese mes el asunto ya estaba en el lugar de destino, teniendo en cuenta que los días intermedios fueron sábado y domingo, y “más particular aún”, el 27 ulterior ya se había dictado un auto dejando sin valor ni efecto el que declaró desierta la impugnación. Además, se comunicó de manera urgente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que se “cancela la inscripción de la demanda que se realizó hace más de tres meses y que en su lugar se inscriba nuevamente la demanda de pertenencia y que no se puede registrar ninguna venta” (sic).
2.6. Frente al auto que declaró “sin valor ni efecto” la actuación, formuló reposición y en subsidio apelación, concediéndosele a su contraparte un día más de traslado del primer remedio.
3. Puestos al tanto de la memorada solicitud los intervinientes en el asunto, solamente se pronunció Lucy Teresa Díaz Pérez, señalando que fue mandataria del peticionario, presentando algunas consideraciones de fondo sobre la viabilidad de las aspiraciones de pertenencia y complementando que después de cuatro meses en firme la sentencia de primer grado, la Juez Cuarenta y Siete Civil del Circuito decidió reanudar el litigio sin notificar a las partes, mientras que el Magistrado le dio trámite preferencial sin cerciorarse que el proveído que declaró la deserción no fue recurrido (fls. 68 y 69).
4. La suspensión de la audiencia de fallo que pidió el solicitante fue negada por improcedente en este tipo de trámites, amén que cuando se resolvió la petición aquella ya se había surtido (fls. 77 al 80).
II. CONSIDERACIONES
1. El numeral 8° del artículo 30 del Código General del Proceso señala que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia podrá disponer la remisión de un proceso -o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia- de un distrito judicial a otro, “excepcionalmente cuando en el lugar donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes” (se subraya).
También prevé que pueden ser merecedores de ese tratamiento especial los asuntos en que “se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”, valiendo precisar que mediante el artículo 12 del Acuerdo PSAA16-10561 de 2016 esta autoridad delegó en los Consejos Seccionales de la Judicatura la rendición de la valoración, previa visita al despacho comprometido y verificación de la gestión del respectivo expediente.
2. Según se advierte, la disposición procedimental cuyo contenido se ha reseñado contempla dos eventos genéricos que ameritan el cambio de radicación, ambos cobijados por el adverbio “excepcionalmente”, que pone de presente la necesidad de demostrar no solo los hechos que configuren la causal de acuerdo con lo expresamente previsto por la ley, sino la gravedad o entidad de los mismos.
Como igualmente se observa, en relación con la primera vertiente, la afectación “al orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes” capaz de propiciar que la Corte adopte una decisión como la que aquí se suplica debe derivarse de acontecimientos que sucedan “en el lugar” donde se sigue el proceso o actuación, locución que de inmediato sugiere que se trata de hechos “externos” al litigio, correspondientes al entorno geográfico donde se adelanta y que puedan incidir seriamente en tales aspectos.
En el sentido aludido, la Sala ha predicado que
La afectación del orden público a que se refiere la norma dice relación a la presencia de situaciones extremas que alteran la convivencia pacífica y la seguridad de la comunidad, tales como actos organizados o sistemáticos de violencia, subversión o terrorismo que generan zozobra, pánico generalizado, perturbación o estado de inseguridad manifiesta (AC-1394-2017)
Y en lo que atañe a deficiencias de gestión y celeridad, es preciso memorar que
En estos casos no se entra a analizar o discutir el contenido de las providencias que se dictan al interior del litigio, pues tal causal se refiere a la insuficiencia en el impulso o la marcha del proceso y no al mérito de las decisiones que en él se hayan proferido. El retraso en el diligenciamiento de la actuación puede deberse, por ejemplo, a problemas estructurales o coyunturales de congestión de un despacho, o de los juzgados de toda una área, lo que justifica el traslado del foro a una oficina judicial en la que se pueda desarrollar el proceso con normalidad (ídem).
En otras palabras, las circunstancias intrínsecas del litigio no tienen la virtualidad de servir de causa eficiente al cambio de radicación, lo que no podría ser de otra manera, pues, esta novedosa figura tiene fines específicos delineados en la norma que la consagra y la doctrina construida a su alrededor, para enmendar situaciones no reguladas hasta ahora. En tal medida, su propósito no es sobreponerse a otras eventualidades que pueden presentarse en el desenvolvimiento de los litigios, para las cuales la propia legislación ha contemplado desde antaño los correctivos tendientes a salvaguardar el debido proceso. Entre ellos, destacan la posibilidad de interponer recursos ordinarios y extraordinarios, y para el caso concreto de la preservación de la imparcialidad de los funcionarios que los conocen, los impedimentos y recusaciones previstos en los artículos 140 y siguientes del Código General del Proceso, sin perjuicio del control constitucional, disciplinario y hasta penal de su actuación.
Es por ello que la Sala ha concluido en relación con unos y otros motivos que
(…) constituyen fenómenos externos a la controversia jurídica que se esté tratando, y deben quedar demostrados sumariamente al momento de elevar la solicitud de cambio de radicación, sin que esté permitido entrar a realizar valoraciones sobre la legalidad de las actuaciones o de las decisiones que se hayan proferido al interior del trámite; pues para tales cuestionamientos existen los mecanismos de defensa que brinda el proceso civil para la protección de los derechos y garantías de las partes e, incluso, el ejercicio de las acciones constitucionales o disciplinarias correspondientes si a ello hubiere lugar (ejusdem).
3. El caso debatido:
3.1. Examinado el planteamiento del peticionario, pronto se advierte que el grueso de sus fundamentos no satisface el presupuesto que en común informa las causales que autorizan el cambio de radicación, por cuanto no se refiere situaciones externas al proceso de pertenencia que adelanta Palmenio Aguilar Jiménez contra los herederos de Nepomuceno Morales Díaz y otros, sino que, por el contrario, atañe a inconformidades del censor con decisiones que son propias del devenir procesal.
En ese sentido, los reproches relacionados con la tardía aparición del memorial sustentatorio de la alzada, el envío del expediente al Tribunal, la cancelación del levantamiento de la inscripción de la demanda, y en general todas las decisiones que adopten los funcionarios que conocen el asunto civil no tienen la virtualidad que pretende el solicitante.
4. Razón de más para negar lo solicitado es que mientras se enteró de esta solicitud a los intervinientes en el proceso se materializó la actuación que el promotor pretendía sustraer del conocimiento del Tribunal, puesto que el 15 de marzo pasado la Sala Civil dictó la sentencia que definió la segunda instancia, de tal suerte que el cambio de radicación carece de objeto, puesto que bajo ningún supuesto tiene la aptitud para invalidar lo actuado.
Lo anterior, máxime que conforme reporta el sistema de información judicial Siglo XXI, el memorado fallo fue confirmatorio del proferido en primer grado, estimatorio de las pretensiones de Palmenio Aguilar Jiménez, de tal suerte que la declaración que a su favor obtuvo con la sentencia de apelada no vino a ser modificada con el fallo del superior.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE negar el cambio de radicación del proceso identificado en el encabezado de este pronunciamiento.
Notifíquese.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado